Cuánto cuesta acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad
1. Honorarios de abogado y procurador
El procedimiento de Segunda Oportunidad requiere, con carácter general, la intervención de abogado y procurador. Sus honorarios dependerán de la complejidad del asunto, el volumen de deuda y la fase en la que se resuelva.
En nuestro despacho trabajamos habitualmente con presupuestos cerrados y por fases, de modo que el cliente sabe desde el principio qué coste tiene cada etapa y puede planificarse con tranquilidad.
2. Posibles costes adicionales
En determinados procedimientos pueden intervenir otros profesionales (por ejemplo, administrador concursal o peritos), aunque no siempre es necesario. Estos costes se analizan y se explican al cliente antes de iniciar el proceso.
También puede haber determinados gastos judiciales menores (tasas en algunos casos muy específicos, publicaciones, etc.), si bien no son la partida principal.
3. Comparación con el volumen de deuda cancelada
El dato realmente relevante no es el coste aislado, sino la relación entre lo que invierte el deudor y la deuda que deja de pagar si la exoneración se concede.
En la práctica, hablamos de procedimientos en los que se cancelan con frecuencia decenas o incluso cientos de miles de euros, por lo que el coste profesional suele ser una fracción pequeña de la deuda que desaparece.
4. Facilidades de pago
Somos muy conscientes de que quien acude a la Ley de Segunda Oportunidad lo hace precisamente porque atraviesa una situación económica complicada. Por ello, es habitual pactar fraccionamientos de honorarios adaptados a la realidad del cliente.
Nuestro objetivo es que el coste no sea un obstáculo para acceder a un derecho que la ley reconoce al deudor de buena fe.
5. Riesgos de optar por soluciones “demasiado baratas”
En internet es fácil encontrar ofertas con precios extremadamente bajos o promesas poco realistas. Conviene ser prudente: un planteamiento deficiente puede suponer años perdidos, una exoneración muy limitada o incluso la denegación del beneficio.
Elegir un despacho especializado, que explique con honestidad tanto los costes como las posibilidades reales del caso, es una de las mejores inversiones que puede hacer el deudor.